Saturday, August 26, 2006

Responsabilidad Social, Presupuesto Participativo y Minería

El anuncio realizado por el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, respecto al aporte “voluntario” que realizarán las mineras ascendiente a 2500 millones de soles en cinco años ha levantado una seria de interrogantes.

De acuerdo a declaraciones de los actores involucrados, este aporte forma parte de la nueva política de responsabilidad social de las empresas mineras.

La “responsabilidad social” sin duda está de moda. Hoy en día no se concibe que una empresa grande o mediana no tenga una política clara al respecto.

Este tema cobró impulso, en gran medida, por las presiones ejercidas en Europa y América del Norte por los movimientos antiglobalización de la década de los noventas. Las presiones ejercidas por la comunidad de movimientos antiglobalización llevaron a la necesidad de plantear en el Foro de Davos de 1999 un compromiso mundial en torno a la necesidad de ejercer la actividad empresarial de forma socialmente responsable.

Fue justamente en la cumbre de Davos de 1999 donde el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, propuso a las grandes transnacionales la firma del “Global Compact”. El “Global Compact” es un compromiso ético en torno a diez principios relacionados a los derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Las empresas signatarias del “Global Compact” se comprometen a:

Respetar los Derechos Humanos
No ser cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos
Respetar la libertad sindical y negociación colectiva.
Eliminación del trabajo forzoso
Apoyar la erradicación del trabajo infantil
Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo
Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente
Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno

Esta publicitada iniciativa de Kofi Annan no es más que un compromiso tibio respecto a temas que en todas las legislaciones del mundo se encuentran contemplados. Firmar un pacto mediante el cual las grandes transnacionales se comprometen a no violar los derechos humanos resulta risible. Más risible aún resulta el compromiso por la eliminación del trabajo forzoso, que es ilegal y se encuentra sancionado por las legislaciones penales del mundo entero.

Sentar en una misma mesa a las Naciones Unidas y las transnacionales poderosas, para comprometerse a respetar la libertad sindical o la negociación colectiva, no debería haber merecido tantos elogios cuando se trata de compromisos legales mínimos. Sin embargo esta iniciativa ha sido difundida con bombos y platillos como si se tratara de un gran compromiso ético por modificar la conducta de las transnacionales en los países del tercer mundo. Muchas de las empresas signatarias del Global Compact son las mismas que demandaron al gobierno de Sudáfrica, cuando decidió declarar al Sida como una epidemia para que los enfermos pudieran tener acceso a medicamentos esenciales.

Otra iniciativa a nivel mundial son los “Equators Principles”, que fue firmado por iniciativa del Banco Mundial y que engloba a los 40 bancos más grandes del mundo. Mediante los “Equators Principles” los bancos se comprometen a no financiar proyectos que no cuenten con un estudio adecuado respecto a los impactos sociales y ambientales que generarán. Esta iniciativa del Banco Mundial ha sido duramente cuestionada por la organización “Banktrack”, ya que señalan que los proyectos que financian los grandes bancos no han sido analizados con rigurosidad y que se trata de meras declaraciones que no se traducen en compromisos sustanciales. Por supuesto que ningún banco peruano forma parte de los Equators Principles.

En el Perú la asociación Perú 2021 es la entidad encargada de monitorear la responsabilidad social. Perú 2021 se formó en 1994 por iniciativa de las grandes empresas y su misión es “Liderar al sector Empresarial al logro de la Visión Nacional compartida, haciendo que la empresa actúe como agente de cambio para el desarrollo del país, incorporando la responsabilidad empresarial como una herramienta estratégica de gestión".

Perú 2021 realiza periódicamente congresos y concursos donde premia a los mejores proyectos de responsabilidad social. El problema con Perú 2021 es que resulta difícil creer en su imparcialidad porque sus funcionarios reciben sus sueldos de un patronato conformado por las empresas a las que debe auditar. Es decir que Perú 2021 se sustenta financieramente gracias al aporte de las empresas fiscalizadas. Hay evidentemente un problema ético ya que resulta difícil auditar al patrón cuando uno es una asalariado más. Una muestra de ello es que en la página web de Perú 2021 las empresas mineras son las que encabezan las mejores prácticas de responsabilidad social. Si esto fuera así, no se explica cómo a lo largo de esta década se han agudizado los conflictos sociales en las zonas donde se realiza la actividad minera. Sin embargo existen iniciativas importantes que han sido reconocidas por Perú 2021 como el caso de la empresa San Jacinto que ha logrado constituir una relación armónica con sus clientes internos y externos.

Existen diversas definiciones sobre el concepto de Responsabilidad Social o Responsabilidad Corporativa. Una definición interesante es la de Georgina Nuñez en una publicación para CEPAL: Responsabilidad social “es el desarrollo de las actividades de la empresa, asumiendo la responsabilidad de los impactos que genera, creando con ello valor para sus accionistas y la sociedad a través del empleo de buenas prácticas”.

Existe un consenso a nivel mundial respecto al papel de la empresa en torno al desarrollo local. Hoy en día es innegable que la empresa es un actor socialmente relevante que puede y debe contribuir al desarrollo. Las empresas deben asumir con responsabilidad los efectos generados por su actividad, en toda su cadena de producción, desde los proveedores hasta el consumidor final.

Los temas de una empresa socialmente responsable son:

  • Ética, valores y principios en los negocios, donde la ética corporativa debe ir más allá de las obligaciones legales. Una empresa debe ejercer prácticas de buen gobierno corporativo donde se respeten los derechos de los accionistas minoritarios, donde exista una toma de decisiones transparente y una adecuada rendición de cuentas.
  • Derechos Humanos y Medio Ambiente. Las empresas no sólo deben ocuparse de los impactos ambientales que generan sino que además deben velar por la protección general al medio ambiente.
  • Relaciones Laborales, que engloba no sólo las obligaciones legales. Una empresa socialmente responsable debe procurar una relación armoniosa con sus trabajadores. Un ejemplo es la encuesta que se hace todos los años sobre “Good Place to Work” (Buen lugar para trabajar). Esta encuesta se le hace a los trabajadores y ejecutivos de las grandes empresas para evaluar la relación con los clientes internos.
  • Filantropía o Inversión Social: Antiguamente las empresas establecían una relación de filantropía con sus clientes externos. Hoy en día se ha generalizado cada vez más la necesidad de contar con proyectos sostenibles, que generen desarrollo local.

Si bien es destacable el compromiso de las empresas en torno a la responsabilidad con el desarrollo local, hay que tener presente que una buena imagen corporativa es valorable en dinero. La Responsabilidad Social es una inversión que contribuye a aumentar el valor de una marca y el posicionamiento de una empresa en el mercado. Ningún inversionista optará hoy en día por una empresa que no mantenga una adecuada relación con su entorno, al menos en apariencias…

Tan valorable es en dinero la Responsabilidad Social, que la bolsa de valores de Sao Paulo cuenta hoy con un índice que mide estos aspectos. La Responsabilidad Social se “cotiza” en la bolsa y se traduce en ganancias y beneficios.

Brasil es un pionero en esta materia, por ejemplo el 95% de las empresas con más de 500 trabajadores cuentan con proyectos comunitarios. En los contratos celebrados por algunas empresas estatales se ha introducido la responsabilidad social. El Banco Brasileño de Desarrollo reduce las tasas de interés a las empresas que realizan inversiones sociales. En Brasil, las empresas están comprendiendo que la responsabilidad corporativa es un buen negocio.

¿Cómo aprovechar esta coyuntura en el Perú?

Es necesario que las empresas, sin importar su tamaño, se asuman como agentes de cambio social. Hoy en día la empresa debe asumir roles más allá de los tradicionales, debe asumir un compromiso por generar desarrollo local. Y el desarrollo local necesita una confluencia de actores donde el Estado, la empresa, universidades, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, sean capaces de generar una sinergia.

En el Perú contamos, a diferencia de otros países de América Latina, con el Presupuesto Participativo y la Planificación Concertada del Desarrollo, como instrumentos institucionalizados y reconocidos como obligatorios por ley.

En el Perú las empresas mineras destinan recursos a los gobiernos regionales y municipalidades que no llegan a ser discutidos por la población. Estas sumas de dinero destinadas a inversión social no son fiscalizadas adecuadamente por los ciudadanos. Existe actualmente un divorcio entre presupuesto participativo y empresa privada. Las mineras en su mayoría no participan como agentes del presupuesto participativo. Esta situación hace que los afectados por la actividad minera no “vean” los aportes que realiza la empresa privada.

Es necesario que se vincule la responsabilidad social con el presupuesto participativo para así poder generar una relación menos conflictiva en las zonas de actividad minera, pero para ello se necesita un compromiso de los gobiernos locales y regionales en aras de la transparencia y la vigilancia ciudadana.

En el caso del anuncio realizado esta semana por el ministro Jorge del Castillo, no ha quedado claro cuál va a ser el grado de injerencia de la sociedad civil respecto a cómo se van a traducir estos aportes en inversión social. Supuestamente se va a conformar un grupo de trabajo conformado por el gobierno central, empresas y sociedad civil. El problema que es que nuevamente el centralismo limeño decidirá el mejor destino de este fondo, debilitándose así el compromiso del gobierno aprista con la descentralización. Este fondo debería ser destinado al presupuesto participativo de los gobiernos locales, en aras de respetar el principio de subsidiariedad consagrado en la Ley de Bases de la Descentralización.

Pero además es necesario que las organizaciones no gubernamentales entiendan su papel en torno a la responsabilidad social. No existe una institución independiente en el Perú que se esté encargando de auditar este tema. Perú 2021 puede ser una iniciativa medianamente interesante pero a todas luces resulta insuficiente para poder fiscalizar adecuadamente a las empresas privadas.

El desarrollo local requiere un compromiso activo de las empresas privadas y el presupuesto participativo debería ser el espacio donde se discutan y arriben a consensos sobre el tema.